Tras la primera reunión de la mesa de diálogo por el pase de las 32 líneas de colectivos de la CABA a la órbita administrativa porteña (actualmente estas líneas son subsidiadas por el Estado Nacional), continúan expresándose las diferentes posturas entre las partes en conflicto.
Luego del encuentro del pasado jueves 18 de febrero, las autoridades porteñas y del Gobierno Nacional -que convocó a la reunión- persisten, a grandes rasgos, en sus posicionamientos.
El fin de semana, Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había dicho que si bien había puntos en común entre las partes, desde la Ciudad no estaban dispuestos a que les «tiren» las líneas de colectivo por la cabeza. Este lunes, Diego Giuliano, Secretario de Transporte de la Nación (quien reemplazó a Walter Saieg en esa cartera en mayo 2021) le respondió al funcionario porteño: «No le vamos a tirar nada a nadie. Desde el Estado Nacional avanzamos con las reuniones pactadas para dar cumplimiento a la ley que determina que la CABA debe asumir su responsabilidad hacia sus pasajeros y pasajeros, como todas las provincias».
La polémica se enmarca en una discusión de larga data que, en los últimos años, se hizo presente en ocasión del debate parlamentario por el presupuesto 2022 -finalmente no aprobado- donde uno de los puntos consistía en duplicar el monto de subsidios que reciben el resto de las jurisdicciones nacionales, entre ellas, la Provincia de Buenos Aires.
Según un informe del economista Hernán Letcher para C5N en la Provincia de Buenos Aires transitan 242 líneas de colectivos urbanos que son administradas en parte por la provincia y en parte por los respectivos municipios. A esto se suman 103 líneas que circulan tanto en Provincia de Buenos Aires como en CABA, de las cuales se hace cargo el Estado Nacional, que también subsidia las 32 líneas que transitan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires (algo que no ocurre en el resto de las jurisdicciones, donde cada provincia afronta no solo los subsidios sino que es responsable de la traza).
Esto supone una situación de disparidad que incluso generó discusiones al interior de la coalición de la que forma parte el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien viene resistiendo el traspaso, con el argumento de que es «otro ataque a la Ciudad» que busca que la ciudadanía porteña «pague el ajuste».
Asimismo en medio de esta disputa una de las preguntas subyacentes es si el valor del boleto aumentará y, en tal caso, quién asumirá el costo político de esta eventual suba.
